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La calidad del gasto público

Las crisis político-económicas acentúan los estados de necesidad que tienen siempre todas las sociedades en su evolución, o involución. La administración, eficiente o ineficiente, tanto de la cosa pública o del patrimonio privado repercute sonoramente en el ambiente local o nacional.

La definición clara de objetivos viables permite ir llegando al cumplimiento puntual de cada etapa. Recalco el concepto de puntual porque la inexactitud de tiempos muestra que los planes y proyectos no han sido realistas, o esconden promesas que no son asumidas frente a la realidad de los hechos.

Engañar en el discurso lleva a corto plazo a engañar en el balance, para obtener una prórroga en la esperanza. El realismo ayuda a un diagnóstico exacto y a un tratamiento terapéutico. Los dirigentes públicos, y los ejecutivos privados, son responsables de todas las tomas de decisiones en las que participan, y de la manera en que se ejecutan las mismas. La Constitución Nacional tiene en su texto una serie de normas prioritarias, que en forma masiva no se cumplen en la realidad cotidiana. La elevada desocupación laboral, la precariedad sanitaria en muchas zonas, la enseñanza escolar que no termina de orientar al adolescente, el desparramo de miserables viviendas precarias, que se asemejan a veces a madrigueras y no a hogares, son ejemplos visibles de cómo ciertos textos no representan políticas globales sino discursos políticos bien escritos pero no respetados en su aplicación. Cuando hay insolvencia económica y ética, las opciones discutidas en cada campaña electoral se asemejan, a emisiones masivas de cheques posdatados, que difícilmente tengan fondos en el momento de su presentación. Anteriormente he manifestado que la impunidad es la mayor de las corrupciones, y que las leyes injustas afectan el derecho natural que nos protege como ciudadanos. La presión moral de la justa prisión no se da mayormente. Vivimos en una sociedad en la que ser excarcelado no es el triunfo de la justicia sino de la impunidad. La importante quita en la deuda pública tiene su fundamento en el negociado que fue su emisión, según es vox populi. En esos reiterados operativos de emisión de diferentes tipos de bonos hubo siempre dos partes corruptas, y por lo tanto ambas deben ser sancionadas. La parte local no debería salvarse de la aplicación de ciertas normas del Código Penal. Financiar el despilfarro es agregar más daño a la arbitrariedad. Disimular las bajezas difiriendo el pago del costo de las mismas, es condenar a nuestros hijos a que paguen los males que ellos no cometieron. La creación de auténticas fuentes de trabajo, en donde la eficiencia se aplique organizadamente, es la mejor manera de obtener una independencia económica que restablece la independencia política y ciudadana. De otra manera solamente disimulamos o encubrimos temporariamente nuestros errores conceptuales o nuestras contradicciones éticas. El gasto público no puede tapar el desperdicio de bienes, o el desparramo de propinas políticas. Resultan desalentadoras para el ciudadano responsable todas las irresponsabilidades de aquellos que buscan depositar en el exterior los tesoros que robaron. Siempre en las denominadas conquistas imperiales el invasor trataba de llevarse los tesoros de los que se apropiaba. Diferente es el caso contemporáneo en que quien está radicado en un país se lleva lo que roba a otro que no es el propio

Carlos Besanson Publicado en el Diario del Viajero 858, del 1° de octubre de 2003