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Salvadores y la mala práxis

El concepto de mala praxis se ha puesto de moda últimamente, y aplicado intensamente, sobre todo a los médicos. Sin embargo corresponde, a mi entender, invocarlo en cualquier tipo de actividad profesional. Pienso que los abogados, que tanto se benefician con el empleo de este principio jurídico, también pueden ser implicados en acciones por mal desempeño en sus causas.

Si sintetizamos en lenguaje común qué es lo que condena la doctrina y la jurisprudencia nacional y extranjera como concepto de mala praxis, encontramos ideas como: falta de atención al caso, diagnóstico burdamente erróneo, tratamiento inadecuado, desatención al cliente o paciente, abandono culposo del mismo, empleo de métodos o instrumentos no pertinentes, ocultamiento de información a la parte interesada que lo ha contratado, práctica desleal, etc. En resumen, no se cumple con el mandato de curar, es decir de cuidar.

Pero también los ciudadanos y ciudadanas que se desempeñan a pleno en política son responsables personales de los errores que cometan en su función y que perjudiquen al resto de la ciudadanía, que en esas circunstancias son sus clientes.

Los hombres que actúan en política invocan como razón de ser de su actividad la búsqueda del bien común para la sociedad, o sectores legítimos de la misma. La intensidad de la labor que pretenden ejecutar los absorbe en forma tal que poco a poco van dejando otros trabajos o funciones para caer en un tiempo completo que se convierte en profesión, con los riesgos que ello implica. Porque todo aquello que equivale a responsabilidad en la tarea, significa un beneficio para aquel que la realiza y una cuota de peligro para casos de mala praxis.

Pertenezco a una generación, a la que, cuando joven, se intentó colocarle una mordaza y que, arrancada la misma, ya no sabía que decir, porque era tan absurdo el juego de sus mayores, que la lógica era inaplicable en la interpretación de los hechos. Las marchas y contramarchas de los pseudos estrategas que pujaban en el manejo de las palancas del poder desconcertaron a todos los que buscaban puntos honestos de referencia. Es como si la rosa de los vientos de una brújula fuera sustituída por la reproducción de un jeroglífico egipcio, no es que la brújula estuviera loca sino que los datos orientativos eran improcedentes. Estas sustituciones en la información esencial no siempre fueron bromas de pícaros, sino que muchas veces fueron maldades de especuladores ventajeros.

En este caso hablar del pasado permite entender un poco mejor el presente. El fraude político debe ser sancionado de la misma manera que otros tipos de fraude. Mentir solamente no es punible, salvo que sea parte de un ardid destinado a obtener un rédito propio, a costa de un perjuicio ajeno.

La malicia aplicada al despojo de los bienes de la sociedad no puede soslayarse. Así como la falsa invocación de un título es sancionada por el código penal, sería lógico aplicar idéntico principio a quienes invocan su carácter de salvadores de la Patria, de una provincia o de un municipio. Esos salvadores, frustrados y frustradores, deben sufrir las consecuencias de la mala praxis. Sus bienes y su honor, si es que conservan alguno de ellos, deben servir de reparación simbólica a una comunidad que durante varias generaciones se ha sentido agraviada por el engaño y el fraude.

Carlos Besanson

Publicado en el Diario del Viajero n° 386, del 21 de setiembre de 1994